El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, tiene previsto solicitar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que imponga una condena de 12 años de prisión a la ex presidenta Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita en el caso de vialidad en Santa Cruz. Esta apelación se produce tras la confirmación el año pasado de una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudación al Estado.
Con esta apelación, Villar busca que el máximo tribunal revise la sentencia y agrave la condena impuesta a Kirchner. Además, la Fiscalía también pedirá que se aplique el cargo de asociación ilícita a otros implicados en el caso, incluyendo al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, José Periotti, y al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Asimismo, se recurrirán las absoluciones de otros acusados, incluyendo la de De Vido.
Se espera que no todas las apelaciones sean aceptadas, lo que podría llevar a que algunos imputados queden desvinculados del caso. Fuentes judiciales han indicado que Villar presentará su apelación hoy, y todas las partes involucradas tienen plazo hasta el viernes para hacerlo. Por su parte, Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, también se espera que presente su apelación, buscando que la ex mandataria sea absuelta, tal como solicitó durante el juicio.
La apelación se dirige contra el fallo de la Sala IV de Casación, que confirmó el veredicto del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en noviembre pasado. En este caso, además de Cristina Kirchner, también fueron condenados Báez, López, Periotti y otros ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz. Sin embargo, De Vido y otros fueron absueltos. La Fiscalía argumenta que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas, se llevaron a cabo irregularidades en la asignación de obras públicas que perjudicaron al Estado.
Cuando todas las partes presenten sus apelaciones, habrá un plazo de 10 días para que la Fiscalía responda a las defensas y viceversa. Posteriormente, los jueces de Casación estarán en condiciones de resolver. La Corte Suprema tendrá la facultad de aceptar o rechazar las apelaciones, y su decisión será crucial, ya que será la última instancia en este proceso judicial.