El gobierno argentino ha implementado un nuevo régimen de contrataciones para el sector público, que establece restricciones significativas en la incorporación de personal. Esta medida, anunciada como parte de las últimas acciones del año, busca optimizar los recursos del Estado en un contexto de «emergencia pública». Según el decreto 1148/24, a partir de 2025, se permitirá una nueva contratación de personal solo si se han verificado previamente tres bajas en el área correspondiente. Esta política ha sido descrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como una continuación de la «motosierra» que caracteriza la gestión actual.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, prohíbe las designaciones y contrataciones de personal en diversas modalidades, incluyendo contratos a término y por tiempo indeterminado. Sin embargo, existen excepciones para ciertas áreas como ciencia y tecnología, universidades y servicios exteriores. Además, se establece que todos los empleados deberán aprobar una evaluación de competencias para poder ser contratados, y aquellos que no lo hagan no podrán ser incorporados en el ejercicio 2025.
En cuanto a la duración de los contratos, se ha fijado un límite de seis meses, y las nuevas contrataciones no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025. Esta reforma es parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno para reducir el gasto público y reestructurar el empleo estatal, en un intento por hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país.
El nuevo régimen ha generado reacciones mixtas, con algunos apoyando la necesidad de una mayor eficiencia en el uso de recursos, mientras que otros critican la rigidez de las medidas y su posible impacto en la calidad del servicio público.