El gobierno de Javier Milei ha concluido su primer año de mandato sin haber logrado privatizar ninguna empresa pública, a pesar de las promesas realizadas durante la campaña electoral. La situación ha llevado a la administración a extender por segunda vez el plazo para que las empresas estatales se transformen en sociedades anónimas, un paso considerado fundamental en el proceso de privatización. Esta prórroga fue anunciada a través del Decreto 1120/2024, que justifica la necesidad de más tiempo para cumplir con lo estipulado en la Ley General de Sociedades.
La lentitud en la implementación de estas privatizaciones ha generado críticas internas, especialmente hacia los responsables de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas. Los funcionarios reconocen que la falta de recursos ha sido un obstáculo significativo para avanzar en la privatización de empresas como Arsat y Enarsa. A pesar de los anuncios iniciales de privatización inmediata de Aerolíneas Argentinas, la realidad ha cambiado, y el gobierno ahora se enfoca en la venta de pasajes en lugar de concretar la privatización.
El caso de Impsa, una empresa de ingeniería, se ha convertido en un ejemplo emblemático de la ineficacia del proceso privatizador. A pesar de que se había prometido avanzar en su venta, el gobierno no ha logrado cerrar el trato, y la deuda de la compañía sigue siendo un impedimento. La falta de un plan claro y la escasez de recursos han llevado a que se cuestionen las capacidades técnicas del equipo de Milei para llevar a cabo estas privatizaciones.
Los mecanismos para privatizar incluyen desde la venta directa hasta la oferta pública inicial, pero hasta ahora, poco se ha concretado. La situación ha generado descontento entre los funcionarios y expertos, quienes advierten que el gobierno carece de la experiencia y los recursos necesarios para llevar a cabo un proceso de privatización efectivo.