La Unión Cívica Radical (UCR) ha tomado la decisión de expulsar a tres de sus diputados nacionales: Mariano Campero, Martín Alfredo Arjol y Luis Albino Picat. Esta medida fue adoptada por el Tribunal Nacional de Ética del partido, que consideró que los legisladores habían incurrido en conductas que “lesionaron gravemente la dignidad del partido”. La resolución se formalizó durante una reunión en la sede del Comité Nacional de la UCR en Buenos Aires.
El proceso disciplinario se inició tras la suspensión preventiva de estos diputados en septiembre, y se concluyó que sus acciones fueron “deliberadamente provocadoras”, afectando negativamente la imagen pública de la UCR. Uno de los momentos más criticados fue la visita de los diputados a la Casa Rosada el 10 de septiembre, donde se reunieron con el presidente Javier Milei, justo un día antes de una sesión clave en la que se rechazó un veto presidencial a un proyecto impulsado por el bloque radical.
El tribunal argumentó que el encuentro, que incluyó fotografías festivas, fue una acción destinada a impactar la opinión pública y desafiaba las posturas oficiales del partido. Además, se destacó que el cambio de postura de los diputados en votaciones importantes, como la Ley de Movilidad Previsional, contribuyó a dañar la unidad ideológica del partido.
La decisión fue respaldada por la mayoría del tribunal, aunque hubo una disidencia. Ricardo Barrios Arrechea, quien votó en contra de la expulsión, abogó por una sanción menos severa, sugiriendo una suspensión temporal en lugar de la expulsión definitiva.
La UCR busca reafirmar su identidad como fuerza opositora en un contexto político fragmentado, y esta resolución pretende enviar un mensaje claro sobre su compromiso con los principios y la disciplina interna del partido. Los diputados expulsados tienen la opción de apelar la decisión, aunque su futuro dentro de la UCR parece incierto.
Algunos miembros del partido han criticado la decisión, argumentando que esta medida aleja a la UCR de sus principios históricos de tolerancia y apertura. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y otros dirigentes han expresado su desacuerdo, señalando que esta acción podría debilitar al partido en un momento de desafíos políticos.