Desde hace siete meses, Barrick Gold, una de las principales empresas mineras del mundo, ha dejado de abonar las retenciones correspondientes por las exportaciones de oro en Argentina. Este hecho se debe a un vacío legal que ha permitido a la compañía eludir el impuesto, en un contexto donde el gobierno no ha actualizado las alícuotas que regulan estos pagos. La situación ha generado preocupación, especialmente considerando que Barrick opera la mina Veladero en San Juan, un proyecto que ha estado envuelto en controversias por su impacto ambiental.
El juez Sebastián Casanello ha sido mencionado en el contexto de este vacío legal, así como otros funcionarios del gobierno que han estado involucrados en la redacción de normativas que benefician a la minera. Sergio Arbeleche, un asesor legal de Barrick y del Ministerio de Economía, ha sido señalado como una figura clave en la creación de este marco que ha permitido a la empresa evitar el pago de retenciones.
La falta de control sobre las exportaciones y la ausencia de un marco regulatorio claro han facilitado que Barrick continúe con sus operaciones sin interrupciones, mientras que el gobierno parece tener una escasa voluntad de supervisar la situación. Esto ha llevado a que se planteen serias dudas sobre la transparencia y la equidad en el tratamiento de las grandes empresas mineras en el país.
El director corporativo de Barrick Sudamérica, Marcelo Álvarez, ha expresado optimismo sobre las medidas económicas del gobierno, lo que sugiere que la empresa se siente cómoda operando en este entorno. Sin embargo, la situación ha suscitado críticas sobre la falta de control y la posibilidad de evasión fiscal, lo que podría tener repercusiones en la economía nacional y en la percepción pública sobre la minería en Argentina.