La reciente sesión del Senado argentino, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, ha generado un intenso debate debido a la expulsión del senador Edgardo Kueider, quien se encuentra detenido en Paraguay bajo acusaciones de lavado de dinero. La situación se complica aún más al revelarse que Villarruel había sido informada dos días antes de que el presidente Javier Milei emprendiera un viaje a Italia, lo que la colocaba en una posición delicada al asumir la presidencia del Senado en su ausencia.
Según documentos a los que accedió Infobae, la notificación sobre el viaje de Milei fue enviada a la secretaria de Villarruel, quien recibió el aviso el martes por la mañana. Este documento indicaba que el presidente partiría el 12 de diciembre y regresaría el 15, lo que implica que Villarruel estaba al tanto de su responsabilidad al frente de la Primera Magistratura. Sin embargo, desde su entorno se había sostenido que no contaba con información sobre la ausencia del mandatario, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad de la sesión en la que se trató la expulsión de Kueider.
Los abogados del ex senador han anticipado que solicitarán la nulidad de la sesión, argumentando que Villarruel no podía presidirla debido a su rol interino al frente del Poder Ejecutivo. Este argumento se basa en la premisa de que, en tales circunstancias, debería haberse designado al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, para liderar el debate. La falta de un acta formal de traspaso de mando y la ausencia de un escribano que documentara la situación podrían ser factores que fortalezcan la impugnación.
Mientras tanto, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ha tomado cartas en el asunto Kueider, ordenando el allanamiento de su despacho en el Senado y de otros domicilios vinculados a él. Kueider está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y el pago de coimas a funcionarios de Entre Ríos, en relación con la empresa de seguridad Securitas. La magistrada ha solicitado que se recopilen pruebas que puedan corroborar las acusaciones en su contra, lo que añade un nuevo nivel de urgencia a la situación.
La combinación de la expulsión de Kueider, la posible nulidad de la sesión y la investigación en curso por parte de la jueza Arroyo Salgado plantea un escenario complejo para la política argentina. La pregunta que queda en el aire es si las acciones de Villarruel fueron producto de una inoperancia o si hubo una intención deliberada detrás de la gestión de la sesión. A medida que se desarrollan los acontecimientos, el futuro del Senado y la legitimidad de sus decisiones se encuentran en una encrucijada.