El doctor Marcelo Lacedonia, titular de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, ha presentado un nuevo programa denominado «Defensor de la Salud», que ha suscitado críticas por su potencial impacto en el gasto público. Este programa tiene como objetivo mediar en los conflictos entre afiliados a obras sociales y las entidades correspondientes, con la intención de evitar la judicialización de casos. Sin embargo, muchos cuestionan la necesidad de crear un nuevo organismo, dado que ya existe la Superintendencia de Salud, que se encarga de regular y supervisar el funcionamiento de las obras sociales y prepagas en el país.
Lacedonia sostiene que “evitar judicialización es clave para la sustentabilidad del sistema sanitario”, pero su propuesta plantea interrogantes sobre el aumento del gasto público en un contexto donde la eficiencia y la austeridad son cruciales. La creación de este nuevo organismo podría ser vista como un gasto innecesario, especialmente cuando ya hay instituciones establecidas que cumplen funciones similares.
El defensor argumenta que el procedimiento será voluntario y gratuito, lo que podría atraer a más afiliados, pero también podría generar costos adicionales para el estado. “Los recursos que hoy se destinan al pago de honorarios judiciales y costas podrían utilizarse para mejorar las prestaciones asistenciales”, afirmó, pero la pregunta persiste: ¿es realmente necesario un nuevo organismo para lograr esto?
Lacedonia ya está en contacto con representantes de obras sociales y prepagas para formalizar el programa, aunque algunos sostienen que la centralización de decisiones en Buenos Aires podría complicar su implementación. “Nuestra misión es mediar, acompañar y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados”, concluyó, pero muchos se preguntan si este enfoque realmente resolverá los problemas existentes o si simplemente añadirá una capa más de gasto y burocracia al sistema, especialmente cuando la Superintendencia de Salud ya está diseñada para abordar estas cuestiones.