El gobierno de Javier Milei está impulsando un cambio significativo en la forma en que se auditan las empresas estatales, buscando desvincularlas de la Auditoría General de la Nación (AGN) y optar por auditorías privadas a través de contratos directos. Entre las empresas afectadas por esta medida se encuentran Arsat, Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos y Fabricaciones Militares, entre otras. Esta decisión ha generado preocupación y críticas, ya que se interpreta como un intento de eludir el control público y aumentar el secretismo en la gestión de estas entidades.
La AGN, que se encarga del control externo de la gestión del sector público, ha sido históricamente dirigida por representantes de la oposición, lo que ha garantizado un cierto nivel de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, el actual gobierno parece estar decidido a cambiar esta dinámica, argumentando que las auditorías privadas resultarán más eficaces y menos burocráticas. Fuentes de Fabricaciones Militares han señalado que este movimiento sería parte de un proceso más amplio para convertir a esta entidad en una sociedad anónima, lo que facilitaría su privatización.
Este cambio llega en un contexto donde el gobierno ha manifestado su interés por privatizar varias de estas empresas, lo que ha suscitado temores sobre la pérdida de control estatal y la posible falta de supervisión en la gestión de recursos públicos. Adicionalmente, se ha mencionado que las auditorías privadas podrían permitir al gobierno involucrarse en conflictos internacionales, como el envío de material bélico, sin la supervisión adecuada. Este escenario plantea serias preguntas sobre la capacidad del gobierno para gestionar de manera responsable y transparente los recursos del Estado.
La situación ha generado un debate en torno a la autonomía de las universidades, donde el gobierno también ha mostrado intenciones de intervenir en la auditoría de sus cuentas. Con la oposición denunciando un intento de Milei por minimizar la supervisión pública y aumentar su control sobre las empresas del Estado, se anticipa un enfrentamiento en el Congreso sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.