El gobierno de Bolivia ha decidido unirse como denunciante en la investigación que involucra al ex presidente Evo Morales, quien es acusado de abuso y trata de personas. Esta decisión fue anunciada por el Ministerio de Justicia, que busca esclarecer un caso que data de 2015, relacionado con la presunta concepción de un hijo con una menor de edad. La controversia se ha intensificado debido a una reciente sentencia que anuló una orden de detención contra Morales, lo que ha llevado al ministro de Justicia, César Siles, a solicitar al Tribunal Constitucional la revocación de dicha sentencia y la apertura de una investigación contra los jueces que favorecieron al ex mandatario.
Siles subrayó la necesidad de que la justicia se aplique de manera imparcial, afirmando: «Pediremos que se revise esta decisión para que la justicia se aplique de manera imparcial». Por su parte, el actual presidente, Luis Arce, ha manifestado su intención de manejar la investigación de manera confidencial para evitar que se convierta en un tema político y para proteger a la víctima involucrada, dado que se trata de un caso que involucra a una menor de edad. Arce indicó que este es un asunto «sumamente delicado».
En respuesta a estas acusaciones, Evo Morales ha utilizado su cuenta en redes sociales para acusar a los gobiernos «neoliberales» de orquestar una persecución política en su contra. Aseguró que no se dejará silenciar y que continuará luchando junto a su pueblo, manifestando que «podrán silenciar mi voz, podrán matarme, pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo». Este caso ha sido objeto de controversia, especialmente tras la denuncia de una ex fiscal que acusó al fiscal general de proteger a Morales, lo que ha generado un clima de tensión política en el país.
Además, el Grupo de Puebla, un foro que reúne a líderes de izquierda en América Latina, ha expresado su preocupación por lo que consideran una campaña de «lawfare» contra Morales. En un comunicado, instaron al gobierno de Arce a no involucrarse en lo que perciben como un ataque a la reputación del ex presidente, advirtiendo sobre los riesgos de politización de la justicia en un contexto electoral favorable a Morales. En medio de estas tensiones, el gobierno de Argentina también ha retirado el estatus de refugiado a Morales, alegando que fue mal utilizado por el gobierno anterior, lo que añade más complejidad a la situación.