El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se encuentra en el centro de una investigación federal que ha culminado en su acusación formal por un gran jurado, convirtiéndose en el primer alcalde en funciones de la ciudad en enfrentar cargos criminales. La acusación, la cual se revelará oficialmente el 25 de septiembre, se relaciona con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral. Según reportes, se investiga el posible uso de fondos ilegales provenientes del gobierno turco, que habrían sido utilizados a cambio de la aprobación del consulado turco en Manhattan.
Adams, quien se entregará a las autoridades la próxima semana, ha defendido su inocencia, afirmando que “siempre supe que si defendía a los neoyorquinos sería un objetivo”. A pesar de su postura desafiante, la situación ha generado una atmósfera de ansiedad en el Ayuntamiento de Nueva York, donde altos funcionarios de su administración han sido blanco de redadas en el marco de esta pesquisa. La magnitud de la investigación se hizo evidente el año pasado, cuando se llevaron a cabo allanamientos en las residencias de sus recolectores de fondos y colaboradores cercanos.
La investigación se ha caracterizado por su exhaustividad, abarcando comunicaciones entre la administración de Adams y varios países, incluyendo Turquía, Israel y China. Además, se han solicitado registros relacionados con donaciones de campaña, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre la transparencia y legalidad de las prácticas de recaudación de fondos del alcalde. Estos eventos han puesto de manifiesto un clima de incertidumbre sobre el futuro político de Adams y su capacidad para seguir en el cargo.
Este episodio marca un hito en la historia de Nueva York, siendo la primera vez en 170 años que un alcalde activo enfrenta cargos criminales. Aunque varios alcaldes anteriores han sido objeto de investigaciones por corrupción, ninguno ha llegado a ser acusado formalmente. La situación ha suscitado demandas de renuncia por parte de algunos sectores, y la gobernadora tiene la facultad de destituirlo si lo considera necesario, lo que añade presión a un contexto ya de por sí tenso.