El reciente asilo otorgado por el gobierno español a Edmundo González Urrutia, un líder opositor venezolano, ha generado una oleada de críticas tanto desde la izquierda como la derecha en España. Podemos, el partido de izquierda, ha arremetido contra Pedro Sánchez por la rapidez con la que facilitó el traslado de González Urrutia en un avión de las Fuerzas Aéreas. María Teresa Pérez, portavoz del partido, ha denunciado la «hipocresía» del gobierno por priorizar el asilo de un «líder ultraderechista» mientras se deporta a activistas perseguidos, como el saharaui Abdeslam Dichakour, quien lleva días en el aeropuerto de Barajas.
Pérez ha cuestionado la falta de atención a otros casos de derechos humanos, sugiriendo que el gobierno tiene intereses geopolíticos en lugar de un compromiso genuino con la defensa de los derechos humanos. En su crítica, la portavoz de Podemos también ha señalado el apoyo del gobierno a Israel, acusándolo de ser parte de una política exterior incoherente y perjudicial.
Desde el lado del Partido Popular (PP), su líder, Alberto Núñez Feijóo, también ha expresado su descontento, afirmando que la salida de González Urrutia beneficia al régimen de Nicolás Maduro. Feijóo argumenta que la marcha del líder opositor reafirma el control de Maduro sobre el gobierno de Venezuela y critica la falta de reconocimiento de González Urrutia como presidente electo por parte del Ejecutivo español. El líder del PP sostiene que, si estuviera en el poder, habría tratado el asilo de González Urrutia con un enfoque más formal, reconociéndolo como el presidente electo y buscando la detención de Maduro a través de la Corte Penal Internacional.
La situación ha puesto de manifiesto las tensiones políticas en España en torno a la política de asilo y la relación con Venezuela, revelando divisiones significativas en cómo se perciben y se manejan los problemas de derechos humanos y la política exterior por parte de los diferentes partidos.