En los primeros cuatro meses del gobierno de Javier Milei, la administración de Axel Kicillof ha informado que se han perdido alrededor de 650,000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Este alarmante dato ha sido presentado por Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación de la provincia, quien agregó que la caída del salario mínimo vital y móvil se sitúa cerca del 30%. Según Girard, la destrucción de empleos se ha producido tanto en el sector formal como en el informal, aunque este último ha sido el más afectado.
Girard ha señalado que el ajuste implementado por Milei no se ha dirigido a las «castas» políticas, sino que ha tenido un impacto directo en el pueblo trabajador y en los jubilados, quienes han visto disminuidos sus ingresos. Al respecto, el informe se basa en datos del INDEC y del Sistema Integrado Previsional Argentino, que evidencian una pérdida de 123,000 empleos en el sector privado registrado y 37,000 en el sector público hasta mayo, con un notable aumento en las vacantes y despidos en la justicia laboral.
La situación ha generado una sobrecarga en los juzgados laborales, que ya enfrentan un colapso debido al incremento en la cantidad de expedientes. Esto se traduce en un aumento significativo de las demandas laborales, que en algunos casos han llegado a triplicarse. La falta de jueces y las vacantes en el sistema judicial han contribuido a esta crisis, dejando a muchos trabajadores sin una resolución a sus conflictos laborales.
Kicillof ha manifestado su preocupación por la precarización laboral que se está desencadenando bajo la gestión de Milei, y ha instado a la necesidad de una respuesta adecuada ante el aumento de la pobreza derivada de la pérdida de empleos. En este contexto, la administración provincial se enfrenta a un desafío considerable para abordar las consecuencias de esta situación en la economía y en el bienestar de los ciudadanos.