Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Universidad Madres de Plaza de Mayo recibió más de 1.500 millones de pesos en financiamiento estatal, equivalente a aproximadamente dos millones de dólares. Sin embargo, la institución, que hasta septiembre de 2023 operaba como Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, solo logró graduar a 16 estudiantes de una matrícula de 2.564, lo que representa un alarmante 0.62% de egresados, el porcentaje más bajo entre todas las universidades nacionales y provinciales.
Este escaso rendimiento académico ha sido objeto de críticas y ha generado cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos. Las auditorías realizadas por el gobierno actual han revelado que, a lo largo de los años, la universidad ha enfrentado serias irregularidades en la concesión de sus beneficios, lo que ha llevado a la decisión de dejar de girar fondos a la institución y a la designación de un rector normalizador para supervisar su funcionamiento.
La situación de la universidad se ha vuelto aún más compleja debido a la controversia en torno a su creación y a la elección de sus autoridades. El nuevo gobierno ha cuestionado la legalidad de estas decisiones, lo que ha resultado en un proceso judicial que busca revisar la creación de la universidad y su funcionamiento. A pesar de la oposición y los intentos de algunos docentes de mantener el control sobre la institución, el gobierno avanza con su plan de auditoría y reestructuración.
Además, el contexto financiero de Aerolíneas Argentinas resalta la presión sobre el gobierno para que optimice el uso de los recursos públicos, especialmente en medio de un déficit operativo significativo. Las auditorías y la revisión de las universidades se enmarcan dentro de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno para garantizar que el financiamiento estatal sea utilizado de manera efectiva y que llegue a quienes realmente lo necesitan.