Un escándalo de corrupción está tomando forma en Argentina, ya que se ha denunciado un pedido de coima de 15 millones de dólares dirigido a empresas pesqueras por supuestos emisarios del gobierno. Esta grave acusación, que ha llegado a la Embajada de Estados Unidos, involucra a una firma española controlada por un fondo norteamericano, que informó sobre la extorsión en busca de asegurar derechos de pesca de merluza en el Mar Argentino por los próximos quince años.
El contexto de esta denuncia se da en medio de la negociación por la extensión del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), que vence a fin de año. Las empresas pesqueras están en una situación de incertidumbre y han estado realizando reuniones con representantes del gobierno para definir su futuro en la pesca de la merluza. Sin embargo, la última reunión, que tuvo lugar en un sótano en Plaza de Mayo, fue alarmante para los empresarios debido a la presencia de un hombre armado.
Las empresas buscan preservar el «statu quo», manteniendo así el sistema de regalías que Sturzenegger criticó y el modelo actual de distribución de cuotas, que carece de transparencia. Esta situación ha dado pie a la aparición de un sector gubernamental que se alinea más con los intereses de las pesqueras, en contraste con la postura de Sturzenegger.
En este contexto, han surgido figuras como Santiago Caputo y Lule Menem, quienes son considerados como los representantes más cercanos a Javier y Karina Milei. La influencia de Caputo ha sido evidente en situaciones anteriores, especialmente en el manejo del RIGI, un régimen que otorga beneficios millonarios a las empresas que realizan inversiones significativas, superando los 200 millones de dólares.
Según testimonios de los empresarios presentes, se sugirió que cada empresa debía contribuir con una «cuota» de 15 millones de dólares para beneficiarse del régimen, una medida que no se presenta como un canon oficial, sino como una exigencia encubierta para asegurar un negocio altamente lucrativo. Esta situación ha llevado a las empresas a buscar un interlocutor confiable para negociar con el gobierno, designando a Gustavo González, ex presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut.
La denuncia ha sido tomada muy en serio, especialmente porque la empresa involucrada, Iberconsa, está bajo la jurisdicción de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, lo que podría acarrear serias consecuencias legales para quienes estén involucrados en el pago de sobornos. La situación ha generado un clima de tensión en el sector pesquero y ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de los recursos pesqueros en el país.