La red social X, anteriormente conocida como Twitter, ha sido bloqueada en Brasil a raíz de una disputa legal entre Elon Musk, su propietario, y Alexandre de Moraes, un ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) del país. La suspensión se hizo efectiva el 30 de agosto de 2024, tras la expiración de un plazo dado por el STF para que Musk nombrara un nuevo representante legal en Brasil. La decisión se enmarca en un contexto de creciente tensión entre las autoridades brasileñas y la plataforma, que ha sido objeto de críticas por su gestión de contenidos y su cumplimiento de las leyes locales.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) ha sido instruida para que notifique a los proveedores de internet que deben bloquear el acceso a X en un plazo de 24 horas. Asimismo, se ha dado un lapso de cinco días a las tiendas de aplicaciones como Google Play y App Store para que retiren la aplicación de sus plataformas. En caso de que alguna persona o empresa intente eludir el bloqueo utilizando VPN, se enfrentará a una multa diaria de aproximadamente 9.000 dólares.
La razón detrás de esta drástica acción es que X no cumplió con la ley que exige tener un representante legal en el país, lo que lleva al gobierno brasileño a buscar una mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas. En respuesta a esto, la cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales de X mencionó que “esperamos que el juez Alexandre de Moraes ordene el cierre de X en Brasil, simplemente porque no acatamos sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos”. De esta manera, la empresa ha dejado claro que no tiene intención de cumplir con las órdenes del magistrado, argumentando que van en contra de la ley brasileña.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha instado a Musk a respetar las decisiones de la Corte Suprema y a actuar de acuerdo con las leyes del país. Mientras tanto, Starlink, una de las empresas vinculadas a Musk, ha denunciado que sus finanzas han sido congeladas por orden del juez Moraes, a quien responsabilizan de esta situación. La controversia subraya el creciente desafío que enfrentan las plataformas digitales en su relación con las regulaciones locales en distintos países.