Tras el encuentro con la CGT la semana pasada, el Gobierno dio inicio a una ronda de diálogos con los sectores involucrados para delinear los próximos pasos en materia de reformas laborales. Este miércoles, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibió a los representantes del influyente Grupo de los 6 (G6) para conocer de primera mano las inquietudes empresariales.
Los principales planteos del sector privado giraron en torno a aspectos clave que quedaron excluídos de la reciente Ley de Bases o que, según su mirada, requieren ser revisados y actualizados. Entre los puntos más destacados se encuentran la actualización de los créditos laborales y el régimen de teletrabajo.
«Necesitamos reglas claras que eviten costos excesivos para las empresas, especialmente las pymes, ante cada sentencia laboral condenatoria», expresó Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Esta entidad, al igual que la UIA liderada por Daniel Funes de Rioja, presentó propuestas específicas al respecto.
Otro eje de debate fue el denominado Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al régimen indemnizatorio vigente que podría brindar ahorros significativos a las compañías con alta rotación de personal. Si bien no hay consenso pleno, el sector privado pide avanzar en su reglamentación.
Además, se planteó la necesidad de agilizar trámites administrativos como la entrega digital de recibos de sueldo y certificados laborales, una medida que busca reducir costos operativos para las empresas.
El secretario Cordero escuchó atentamente los reclamos y reafirmó el objetivo gubernamental de «generar empleo privado». Según fuentes oficiales, la agenda seguirá con encuentros con el sector pyme y, finalmente, una mesa tripartita con empresarios y trabajadores en los próximos 15 días.
Lejos de acallar las aguas, la reunión parece haber encendido la mecha de un debate más amplio sobre el rumbo de las reformas laborales. Mientras los empresarios presionan por mayor flexibilidad, los sindicalistas se mantienen firmes en su postura de resguardar los derechos de los trabajadores.
En medio de esta puja de intereses, el Gobierno deberá encontrar un delicado equilibrio que permita impulsar el crecimiento económico sin descuidar las conquistas históricas del movimiento obrero. Una tarea titánica que pondrá a prueba su capacidad de negociación y construcción de consensos.