En Mariupol, la ciudad ucraniana destruida y ocupada por las fuerzas rusas, se está desarrollando una nueva fase de explotación económica y consolidación del control del Kremlin. Las autoridades prorrusas han iniciado un proceso de inventario y reinscripción obligatoria de las propiedades abandonadas, advirtiendo que aquellas viviendas cuyos dueños no se presenten serán declaradas «sin dueño» y nacionalizadas.
De acuerdo a Petro Andryushchenko, asesor de la administración municipal de Mariupol en el exilio, esta política se aplica en todos los territorios ocupados como parte de la estrategia rusa por afianzar su dominio. Los residentes que huyeron, aproximadamente 350.000 de los 430.000 habitantes previos al conflicto, se ven imposibilitados de regresar y registrar sus propiedades sin arriesgarse a ser detenidos.
«Es obligatorio registrar de nuevo el apartamento en persona, pero no puedo volver a la Mariupol ocupada. Como muchos otros, sé que en mi ausencia han entrado y robado mis pertenencias. Es una historia normal», lamenta Andryushchenko.
Esta reinscripción forzosa no sólo implica la apropiación ilegal de bienes, sino que también forma parte de un nuevo ciclo de explotación económica. Pese a la devastación causada por los bombardeos rusos, las autoridades de ocupación están impulsando un renacido mercado inmobiliario con la construcción de nuevos edificios residenciales y comerciales.
«Parece que las empresas invierten en Mariupol, pero no es cierto. Es solo dinero ruso, un 50% privado y 50% gubernamental», revela el asesor municipal. Mientras tanto, Rusia ofrece créditos hipotecarios preferenciales del 2% para alentar la compra de propiedades en las zonas ocupadas.
La situación es particularmente irónica, ya que los mariupolanos que perdieron sus hogares a causa de la invasión rusa apenas pueden permitirse adquirir las nuevas viviendas construidas sobre los escombros. Muchos viven de forma precaria con familiares o en apartamentos vacíos, recibiendo indemnizaciones irrisorias por sus propiedades demolidas.
Andryushchenko advierte que estas transacciones inmobiliarias son «absolutamente ilegales» según la legislación ucraniana e internacional. «Nuestra recomendación es que, si pueden vender su propiedad, lo hagan», señala, previendo que cualquier contrato impugnado será nulo cuando Mariupol sea eventualmente liberada.