El recorte de la inversión pública en obras por parte del Gobierno nacional ha encendido las alarmas en el sector de la construcción. Según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la interrupción de proyectos ya iniciados podría implicar la pérdida de unos USD 6.000 millones de inversión realizada.
En su intento por alcanzar el déficit cero este año, una meta calificada como «innegociable» ante el FMI, la administración de Javier Milei ha profundizado un doble movimiento de ajuste. Por un lado, firmó convenios con una decena de provincias para el «traspaso» de alrededor de 850 obras inconclusas, cuyo financiamiento dejará de depender del Tesoro nacional.
«Nación transferirá a cada provincia diversas obras hídricas, de construcción o ampliación de edificios escolares y de vivienda, que serán continuadas por las administraciones provinciales», explicaron fuentes oficiales. No obstante, quedará a criterio de los gobernadores decidir si consiguen fondos propios para finalizar los trabajos.
Por otra parte, el Ministerio de Economía anunció la paulatina eliminación del programa Argentina Hace, que financia pequeñas obras de infraestructura urbana y equipamiento comunitario. Sólo podrán concluirse aquellos proyectos que estén muy avanzados, con un plazo máximo de cuatro meses.
«Si Economía detecta incumplimientos, como fondos transferidos y no ejecutados, exigirá la devolución a las provincias», advirtieron desde el Palacio de Hacienda, que busca blindar las metas fiscales defendidas por el propio Luis Caputo.
En este contexto, el titular de Camarco, Gustavo Weiss, hizo un cálculo preliminar y estimó en USD 6.000 millones la inversión comprometida que podría echar a perder debido al ajuste sobre la obra pública.
«El 2024 ya está perdido para la construcción. Se perdieron unos 100 mil puestos de trabajo y podrían ser más», lamentó Weiss, cuya entidad recibirá la semana próxima al ministro Caputo en su convención anual, enmarcada en un clima de preocupación generalizada en el rubro.