La industria automotriz argentina se encuentra atrapada en un circuito impositivo asfixiante. Según estimaciones del sector, más de la mitad del precio final de un vehículo 0km termina en las arcas estatales a través de gravámenes y cargas tributarias.
Las últimas proyecciones indican que durante 2024 el Estado recaudará por sobre los u$s4.000 millones sólo del cobro de impuestos en la comercialización de automóviles, utilitarios y camiones. «Es una carga fiscal desmedida que frena el desarrollo del mercado automotor», manifestó un vocero de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
Si bien las cifras oficiales de 2023 arrojaron una recaudación de u$s3.900 millones por «impuestos comerciales», los cálculos privados elevan ese monto. Fuentes del sector estiman que en mayo último, con un patentamiento de 34.000 unidades a un valor promedio de u$s30.000, el fisco se quedó con el 55% de esos ingresos, unos u$s561 millones.
«Proyectando esas cifras para todo 2024, estaríamos hablando de una recaudación anual superior a los u$s4.600 millones sólo por la venta de vehículos», advirtió un importante importador de autos que pidió reservar su nombre.
La pesada carga tributaria se compone del 21% de IVA para autos y el 10,5% para utilitarios, más eventuales impuestos internos que en algunos casos llegan al 35% para vehículos de alta gama. A eso se suman aranceles de importación de hasta 35% para países sin acuerdos comerciales vigentes.
«Cuando un consumidor compra un 0km, en realidad está pagando por dos: uno para llevarse y otro que le regala al Estado a través de impuestos», graficó un concesionario consultado. El reclamo se extiende a diversos rubros económicos, pero es contundente en el sector automotor.
Las terminales aguardan señales del nuevo gobierno para una posible rebaja de la presión impositiva que, según afirman, permitiría un mayor acceso a los vehículos y un mayor desarrollo productivo. No obstante, la millonaria recaudación que aportan dificulta esa determinación oficial.