En una insólita maniobra comunicacional, funcionarios del Gobierno nacional dieron a conocer un comunicado atribuido a los diez mandatarios provinciales de la coalición Juntos por el Cambio, manifestando su apoyo a la aprobación de la controvertida Ley Bases y el paquete fiscal oficialista. El texto, sin embargo, no contaba con la anuencia formal de los gobernadores.
Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres, de Santa Fe y Chubur afirmaron que jamás firmaron nada y se enteraron por las redes sociales del anuncio.
La trama causó estupor. Jorge Macri, alcalde porteño y uno de los supuestos firmantes, desmintió tal respaldo y admitió que el pronunciamiento fue difundido «antes de tiempo y sin consenso». Un cortocircuito similar envolvió al santafesino Maximiliano Pullaro, cercano al senador Martín Lousteau, cuya rúbrica fue incluida sin su visto bueno.
«Todavía no tenemos el ok de todos los integrantes, y eso está mal», reconoció Macri al ser consultado. La reprobable situación dejó al desnudo las angustiosas negociaciones que libra el Ejecutivo para sumar apoyos parlamentarios a su proyecto reformista, ante la previsible falta de votos propios.
En las horas previas al inicio del debate en el Senado, un llamativo comunicado atribuido a los gobernadores opositores instaba a «dar las herramientas al Gobierno para avanzar con las transformaciones que votó la sociedad argentina». Una oportuna demostración de respaldo justo cuando atraviesa dificultades para aprobar sus iniciativas.
Sin embargo, la verdad salió a la luz. La Casa Rosada quedó expuesta en un bochornoso ardid: le endilgó a los mandatarios provinciales opositores un pronunciamiento inexistente. Una acción cuestionable, propia de viejas prácticas repudiables que la actual gestión había prometido desterrar.