En un hecho sin precedentes, Luciano Di Cesare, ex titular del PAMI durante la gestión de Cristina Kirchner, acordó reintegrar al organismo casi 90 millones de pesos para evitar un juicio oral por presunto fraude. La millonaria suma corresponde al monto que cobró de forma irregular por vacaciones no gozadas al finalizar su mandato en 2015.
Tras asumir la nueva administración de Mauricio Macri, el PAMI denunció penalmente a Di Cesare por el cobro indebido, acusándolo de administración fraudulenta. Luego de años de litigio, las partes llegaron a un acuerdo de conciliación inédito: el ex funcionario devolvería los 88.131.531,86 pesos actualizados a cambio del sobreseimiento de la causa.
«Con ese dinero brindaremos prestaciones sociales y médicas a jubilados, pensionados y personas con discapacidad», argumentó el PAMI para justificar el arreglo extrajudicial. No obstante, la fiscalía se opuso alegando que estos delitos afectan bienes colectivos y deben ser juzgados.
Aunque el tribunal oral avaló por mayoría el acuerdo, la fiscal apeló ante Casación con el objetivo de revertir la conciliación y llevar el caso a juicio. A esto se suma un planteo de prescripción de la causa presentado por la defensa de una de las acusadas.
El inusual caso pone en tela de juicio la viabilidad de resolver conflictos de corrupción mediante acuerdos económicos, dejando en manos de la Justicia la decisión de sentar precedente. Tanto el PAMI como Di Cesare buscan cerrar la polémica, mientras los fiscales insisten en ventilar el caso en tribunales.