La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que establece una nueva fórmula para la actualización de los haberes jubilatorios. El texto, fruto de un acuerdo entre las principales bancadas opositoras, prevé una actualización mensual en base al IPC, más una compensación extraordinaria del 8,1% para igualar con la inflación pasada.
«Se trata de una fórmula razonable que no compromete las metas fiscales del Gobierno», argumentó el radical Rodrigo de Loredo al defender la iniciativa. Sin embargo, desde el Ejecutivo ya anticiparon que la propuesta será vetada por el presidente Milei.
El punto más álgido del debate giró en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Mientras los dialoguistas pretendían utilizarlo para cancelar deudas previsionales, el peronismo se mantuvo firme en preservarlo intacto. La salida fue establecer que esos compromisos se atiendan con otros recursos tributarios específicos.
«No podíamos salir de acá sin darles una respuesta a los jubilados», admitió un legislador de la coalición opositora al explicar el arduo acuerdo alcanzado. De esa forma, se evitó que todos los proyectos en danza fueran rechazados por falta de consenso.
Más allá del esperado choque con el Poder Ejecutivo, la media sanción representa un triunfo para la oposición dialoguista y el peronismo, que lograron imponer su propia fórmula por sobre el mecanismo implementado por decreto por la administración mileiísta.
La norma también establece un piso del haber mínimo en torno a la canasta básica del adulto mayor y prevé una cláusula de revisión anual para contemplar eventuales mejoras salariales.
No hubo acuerdo para derogar ni mantener las jubilaciones de privilegio
El rechazo a eliminar las llamadas «jubilaciones de privilegio» para ex presidentes desató un intenso cruce entre los principales bloques parlamentarios. Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, pidió suprimir el artículo que las deroga, defendiendo los beneficios previsionales para quienes ocuparon la primera magistratura.
Su planteo generó respuestas airadas, especialmente del PRO y la UCR. Cristian Ritondo adelantó que su bancada votaría a favor de la eliminación, mientras Rodrigo De Loredo cuestionó las millonarias asignaciones que aún perciben algunas ex presidentas, tildando la situación de «irritante» ante la realidad económica nacional.
Finalmente, no se suprimió el artículo pero tampoco logró los votos necesarios para su aprobación. Quedó en evidencia la falta de consenso en torno a estos regímenes especiales, en una nueva muestra de las divisiones que atraviesan a la principal coalición opositora.