Una denuncia judicial de insólitas proporciones sacude al gobierno de Javier Milei. Según trascendidos, los funcionarios Hernán Posse, Santiago Caputo, Silvestre Sivori, Martín Menem y Manuel Adorni habrían sido acusados de conformar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y pago de sobornos.
Fuentes cercanas al expediente revelan que la presentación apunta a una presunta trama para realizar tareas de inteligencia y seguimientos ilegales a dirigentes opositores, periodistas y empresarios. Los involucrados habrían recurrido al pago de coimas para obtener información sensible y ejercer presiones.
«Estamos ante un caso de características inéditas que implica a altos funcionarios del gobierno libertario», señaló un allegado a la causa bajo reserva. Según se desprende, el grupo acusado habría conformado una «mesa judicial» desde donde orquestar un esquema paraestatal de espionaje e intimidación.
Al frente de las maniobras ilegales estarían Posse, Caputo y Sivori, quienes habrían instrumentado un entramado de agencias privadas y exagentes que actuarían fuera del control de los organismos oficiales. Por su parte, Menem y Adorni cumplirían un rol clave al proveer fondos y avalar parte de las operaciones supuestamente turbias.
En sectores gubernamentales reina la preocupación por las posibles derivaciones del escándalo. Algunas voces especulan con eventuales pedidos de juicio político, en caso de confirmarse la denuncia. Por lo pronto, la causa promete sacudir los cimientos de la administración libertaria.