En un paso sin precedentes para cerrar las heridas abiertas por el intento secesionista catalán de 2017, el Congreso español aprobó este jueves una polémica ley de amnistía que beneficia a los líderes independentistas procesados por aquel desafío a la unidad nacional.
La norma, respaldada por 177 votos a favor frente a 172 en contra, elimina toda responsabilidad penal, administrativa y contable relacionada con el «procés» entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023, incluyendo los referendos ilegales de 2014 y 2017.
«No es un buen día para la democracia española», lamentó el líder conservador Alberto Núñez Feijóo, adelantando posibles recursos judiciales contra una ley que, según dijo, «nacemuerta» por su dudosa constitucionalidad.
Sin embargo, desde el Gobierno de izquierda de Pedro Sánchez destacaron el valor de la amnistía para «normalizar» la situación política en Cataluña tras años de tensiones y enfrentamientos con el movimiento separatista.
La amnistía allana el camino para el regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido tras la fallida declaración unilateral de independencia en 2017. Junts, su formación política, ya advirtió que lo próximo será reclamar un nuevo referéndum de autodeterminación.
El fiscal general iniciará reuniones para coordinar criterios en la aplicación de la ley por parte de la judicatura, proceso clave dado que no cubre delitos vinculados al terrorismo, por los que también son investigados algunos líderes secesionistas.
Más allá del pulso jurídico y político, la amnistía representa un punto de inflexión histórico que cierra un espinoso frente que erosionó la convivencia en España durante años. El precio de la reconciliación sigue siendo, sin embargo, motivo de enconados debates.