En el marco de su política de ajuste fiscal y déficit cero, la administración de Javier Milei ha decidido cortar por completo los envíos de fondos a las provincias destinados a cubrir el déficit de las cajas jubilatorias no transferidas a la Nación. Esta medida ha generado un fuerte malestar y tensión con los gobernadores.
Si bien es habitual que la Nación cubra esos desequilibrios mediante transferencias mensuales, este año el Gobierno ha paralizado todos los giros argumentando la falta de información requerida de las provincias para realizar las estimaciones correspondientes.
«Desde la Casa Rosada nos dijeron ‘se cortó’ y listo. No hay más fondos para nuestras cajas previsionales», manifestó un ministro provincial con resignación. Varias jurisdicciones ya han elevado reclamos judiciales ante la Corte Suprema por este concepto.
La decisión obliga a las provincias a hacerse cargo con recursos propios de esos déficits que esperaban fueran cubiertos por Nación. «Hemos tenido conversaciones donde nos prometieron envíos si hay superávit fiscal, pero por ahora solo hay dilaciones», cuestionó la fuente consultada.
Autoridades de Santa Fe exigen $700.000 millones que estiman debieron recibir desde 2020, mientras Córdoba reclama $117.000 millones y Entre Ríos $145.000 millones. «Todas las jurisdicciones tuvieron una caída superior al 95% en transferencias no automáticas durante los primeros meses», advirtió un experto.
Esta puja por los fondos previsionales se suma a otros frentes abiertos entre Nación y provincias, como los reclamos por el Fondo Incentivo Docente, partidas para obra pública y subsidios al transporte. Algunos gobernadores apuestan a la llegada de Guillermo Francos como nuevo jefe de Gabinete para destrabar los envíos.