En un duro revés para las organizaciones de trabajadores desocupados, el juez federal Sebastián Casanello dispuso citar a indagatoria a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y una veintena de dirigentes y referentes piqueteros. Todos ellos están imputados por supuestos delitos de extorsión, administración fraudulenta y desvío de fondos públicos en perjuicio de beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo.
La investigación tuvo su origen en una serie de denuncias anónimas recibidas en diciembre pasado, cuando el gobierno habilitó una línea especial para reportar irregularidades en el marco de las protestas piqueteras contra Javier Milei. Tras un exhaustivo análisis, el fiscal Gerardo Pollicita detectó al menos 45 casos puntuales en Capital Federal.
«Los elementos probatorios reunidos llevan a sospechar que el interés público fue desviado», subrayó Casanello en su resolución. Según el magistrado, existirían pruebas del «empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados» por parte del Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor para disfrazar el uso indebido de los fondos estatales recibidos.
Pero el núcleo de la acusación radica en la presunta «exigencia» que habrían realizado algunos referentes a los beneficiarios de los planes sociales. «Concurrir a movilizaciones político-partidarias con banderas identificatorias, aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular», detalló Casanello citando los testimonios recolectados.
Estas intimidaciones se habrían canalizado a través de «beneficiarios de mayor antigüedad» que transmitían las órdenes a los más vulnerables, siempre bajo la amenaza de «perder la ayuda estatal» en caso de negarse. «Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria», señaló contundente el juez.
La citación a indagatoria abarca a más de 20 imputados, entre ellos varios nombres de peso del Polo Obrero como Dina Iramain, Carlos Kostiuk, Jeremías Cantero y la propia María Isolda Dotti, mano derecha de Belliboni. Todos deberán presentarse entre el 11 y 25 de junio para brindar su declaración indagatoria.
Si bien la causa aún se encuentra en una etapa preliminar, su avance supone un fuerte cuestionamiento judicial a las prácticas de ciertas organizaciones sociales en el manejo de los planes asistenciales. La acusación de extorsionar a los propios beneficiarios proyecta una grave sombra de delito sobre el accionar piquetero.
En las próximas semanas, la justicia deberá dirimir si existen méritos para elevar la causa a juicio oral contra los imputados. De confirmarse los cargos, se abriría un complejo frente judicial para el movimiento piquetero que podría poner en jaque su accionar y reclamos futuros.