En un movimiento que prioriza el proceso desinflacionario, el ministro de Economía Luis Caputo reveló que el Gobierno retrasará los aumentos previstos en las tarifas de servicios públicos y transporte. Si bien esto implicará un mayor desembolso en subsidios, estimado entre 800 y 1.000 millones de dólares mensuales adicionales, la administración considera tener margen fiscal para afrontar ese costo adicional sin poner en riesgo las metas de equilibrio presupuestario.
Caputo argumentó que la sólida situación fiscal de los primeros cuatro meses del año, con un superávit financiero de 1,1 billones de pesos, permitirá esta «pausa» en los ajustes tarifarios. «Estamos bien desde el punto de vista fiscal, entonces podíamos darnos el lujo de dar un respiro a la clase media, eso era un objetivo importante», declaró ante empresarios.
El funcionario también subrayó que esta medida busca «contribuir al proceso de desinflación», evitando un nuevo golpe al poder adquisitivo de los salarios en los meses de mayor demanda energética. Los analistas estiman que la cobertura de costos residenciales por las tarifas caerá varios puntos porcentuales debido a este congelamiento temporal.
No obstante, el Ejecutivo insiste en que este mayor gasto subsidiario no pondrá en riesgo la meta de déficit cero para 2024. Destinarán parte de los 11 billones de pesos acumulados por emisiones de deuda para solventar el incremento en las transferencias a empresas energéticas y de transporte.