Después de ocho años de negociaciones, el Parlamento Europeo ha aprobado una serie de leyes destinadas a endurecer los procedimientos de asilo y hacer que las fronteras de la Unión Europea estén más selladas. El objetivo principal del nuevo «pacto migratorio» es reducir el número de recién llegados y acelerar los procedimientos de asilo. Según Eurostat, el número de solicitudes de asilo el año pasado fue de 1,14 millones de personas, un número que ha aumentado constantemente en los últimos cuatro años. Además, la UE acogió a alrededor de cuatro millones de refugiados procedentes de Ucrania.
El sistema funcionará de la siguiente manera: los solicitantes de asilo y refugiados deberán ser claramente identificados a su llegada y ser integrados en el sistema biométrico «Eurodac» en un plazo máximo de 7 días. Aquellos migrantes de países con una tasa de aceptación inferior al 20% deberán permanecer hasta 12 semanas en campos fronterizos, donde se decidirá quiénes serán devueltos. Los migrantes de países con una mayor tasa entrarán en el procedimiento normal de asilo, el cual deberá ser más rápido. Aquellos que sean rechazados serán deportados directamente desde las fronteras exteriores de la UE.
En cuanto a los Estados de acogida inicial, se busca que puedan transferir a algunos de los solicitantes reconocidos con buenas posibilidades de obtener asilo a otros países miembros de la UE. Se establecerá una «solidaridad obligatoria» dentro de la Unión, lo que significa que aquellos países que no quieran recibir solicitantes de asilo deberán pagar una compensación o enviar personal y equipos a los Estados de recepción inicial. Además, si un país se siente sobrecargado, podrá solicitar más solidaridad y los 27 Estados decidirán conjuntamente cuándo se llega a un punto crítico.
El objetivo del nuevo pacto migratorio es poner fin a los factores de atracción que hacen que países como Alemania, Austria, Francia, Países Bajos y Bélgica sean destinos atractivos para los solicitantes de asilo. Se busca una distribución más uniforme de los migrantes en toda la Unión Europea a través de beneficios y condiciones ventajosas. Asimismo, se prevé que las personas rechazadas sean deportadas más rápidamente a sus países de origen o de tránsito que hayan sido declarados seguros, mediante acuerdos con terceros países.