La Procuración General de la Nación ha recomendado a la Corte Suprema que intervenga como tribunal originario en la demanda presentada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, contra el Estado Nacional por la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FOFOFI). Esta acción fue iniciada por Kicillof en respuesta al decreto de Javier Milei que eliminó dicho fondo. El presidente eliminó este fondo creado por Alberto Fernández en 2020 para contribuir al funcionamiento financiero de la provincia. Kicillof argumenta que la provincia ha perdido más de 6 puntos de coparticipación y que solo recibe el 22% de los recursos coparticipables a pesar de tener el 38,2% de la población y contribuir con el 35% del PBI nacional.
En su demanda, Kicillof busca la inconstitucionalidad del decreto que eliminó el FOFOFI y una medida cautelar para que se le ordene a la administración que abone los saldos adeudados. Según el gobernador, el gobierno le debe a la provincia 88.799 millones de pesos. La procuradora general adjunta, Laura Monti, dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir en el conflicto entre el estado provincial y el estado nacional, ya que la provincia demanda al Estado Nacional y tiene derecho al fuero federal. Aunque el dictamen no es vinculante, establece que la Corte Suprema es el único tribunal que debe intervenir en este caso.
Kicillof sostiene que el decreto de Milei es arbitrario, discriminatorio e irrazonable, y no se sustenta en los hechos ni en el derecho aplicable. Argumenta que el gobierno carga sobre la provincia la supuesta responsabilidad fiscal, castigándola y discriminándola frente a otras jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires señala que, a pesar de contribuir significativamente a la economía nacional, solo recibe el 22% de los recursos coparticipables, lo que la coloca en una situación de alta vulnerabilidad social.