El presidente Javier Milei continúa con el proceso de recorte de personal en el Estado, y en los próximos días podrían anunciarse miles de despidos de empleados públicos cuyos contratos no serán renovados. Cada ministerio y organismo del Poder Ejecutivo Nacional ha estado llevando a cabo una auditoría interna para contar la cantidad de trabajadores que tienen. Esta tarea debía completarse en un plazo de 90 días, por lo que se espera que para la próxima semana cada área presente sus informes a la Jefatura de Gabinete, quien luego decidirá cuántos de los contratos que vencen el 31 de marzo se mantendrán.
En línea con las medidas de ajuste, el Gobierno ya ha despedido a cerca de 900 personas que ocupaban diferentes cargos en el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, así como en el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Estas entidades han sido cerradas y el Instituto de Agricultura Familiar volverá a ser una Dirección Nacional para ahorrar en los gastos públicos. Además, se está evaluando qué ocurrirá con otros sectores similares, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Algunos gremios estatales, como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), han expresado su preocupación y han pedido una reunión para discutir la situación del personal.
El sindicato UPCN ha solicitado una reunión con la subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Secretaría General de la Presidencia para tratar diversos asuntos relacionados con el personal que trabaja en ese sector de la Casa Rosada. El gremio ha mostrado preocupación por las decisiones tomadas desde diciembre y por el impacto que han tenido en los trabajadores. También han expresado su deseo de dialogar para encontrar soluciones satisfactorias y ordenadas. Hasta el momento, no han recibido respuesta a su solicitud.