El presidente argentino, Javier Milei, ha generado controversia con un decreto que busca intervenir los medios de comunicación públicos del país, lo que ha llevado a preocupaciones sobre la diversidad periodística y la libertad de información. Aunque el proyecto de reforma liberal propuesto por Milei fue rechazado en la Cámara de Diputados, el decreto de intervención de los medios públicos sigue en vigencia. Esto ha generado críticas por parte de expertos y representantes de la cultura, quienes consideran que esta medida pone en peligro el acceso a contenidos culturales y educativos para los sectores más desfavorecidos.
El gobierno argentino ha justificado la intervención de los medios públicos con el objetivo de optimizar su gestión y hacerlos más sustentables. Sin embargo, críticos como Natalí Schejtman, periodista de elDiarioAr, señalan que esta medida es drástica y poco clara, ya que afecta a medios del gobierno argentino y canales culturales y portales educativos administrados por el Ministerio de Educación. También se han levantado voces que consideran que cerrar o privatizar los medios públicos sería una disminución en la diversidad de miradas periodísticas y una amenaza para la libertad de expresión.
La preocupación por esta intervención también ha sido expresada por los trabajadores de prensa en Argentina. Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (FATPREN), ha manifestado su preocupación por el posible cambio de los medios públicos de sociedades con fines sociales a sociedades con fines de lucro. Se ha presentado un amparo al decreto por considerarlo inconstitucional.