La Cámara de Diputados se encuentra en medio de una tensa negociación entre el oficialismo y la oposición para la aprobación de la ley ómnibus. Entre los principales puntos de conflicto se encuentran la coparticipación del Impuesto País, las facultades delegadas, la deuda externa, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y las privatizaciones de empresas públicas.
En cuanto a la coparticipación del Impuesto País, el presidente Javier Milei ha manifestado que no es una herramienta de negociación, pero los gobernadores lo utilizan como moneda de cambio para apoyar otros aspectos del proyecto. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presiona para que la coparticipación sea parte de la negociación final. El ministro del Interior, Guillermo Francos, ha dejado claro que el Gobierno tiene la facultad de vetar el tratamiento del Impuesto País si la oposición insiste en su inclusión.
En cuanto a las facultades delegadas, los bloques dialoguistas están de acuerdo en votar a favor de la declaración de emergencia en seis áreas, pero hay diputados que se oponen a los artículos sobre facultades delegadas que permiten disolver organismos públicos e intervenir empresas públicas. Esto ha generado una situación en la que el oficialismo tiene los votos justos para imponer su postura.
En el tema de las privatizaciones de empresas públicas, hay acuerdo en general, pero aún faltan detalles sobre el control de los procesos de venta y la evaluación patrimonial de las compañías. La UCR y Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat, mientras que otras 27 empresas estarían sujetas a privatización.
En cuanto a la deuda externa, no hay acuerdo sobre la propuesta del Gobierno de derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Por último, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES también es motivo de presión por parte de los gobernadores, quienes buscan una compensación automática de la Nación a las cajas de jubilaciones provinciales.