En El Salvador, a pesar de la disminución de los homicidios, también se ha registrado una disminución en la inversión extranjera directa (IED), lo que plantea un desafío para un eventual nuevo mandato del presidente Nayib Bukele. Aunque el gobierno ha afirmado que la inversión extranjera ha aumentado en los últimos años, los datos oficiales muestran lo contrario. Según el Banco Central de Reserva, la IED en El Salvador representó solo el 1,66% del PIB en el tercer trimestre de 2023, lejos del 7,56% en 2017 y del 17,96% en 2007. Además, los datos del Banco Mundial indican una tendencia a la baja en la IED, de 800 millones de dólares a favor en 2021 a 388 mil dólares en contra en 2022.
Expertos como el economista Otto Rodríguez consideran que estas cifras son demasiado bajas para las expectativas del país y afirman que se necesitarían alrededor de 1.000 millones de dólares para impulsar el crecimiento económico. Aunque la seguridad ha mejorado en El Salvador, esto no ha sido suficiente para atraer inversiones. La percepción de inseguridad y la falta de una política de Estado para atraer inversión son factores que influyen en las pobres cifras macroeconómicas del país.
El gobierno de Bukele se enfrenta al desafío de no solo reducir los homicidios, sino también mejorar el Estado de derecho, el sistema judicial y la previsibilidad de las reglas, elementos que son considerados por los inversionistas al momento de tomar decisiones. A pesar de esto, el gobierno ha presentado 200 proyectos que requieren inversión extranjera y se espera que haya iniciativas de desarrollo con préstamos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y aportes de cooperantes extranjeros. Además, se ha visto un incremento en el turismo y la tasa de desempleo se mantiene en torno al 5%, lo que podría mejorar las perspectivas a futuro.