En un decreto emitido por el gobierno de Javier Milei, se anuncian medidas de reforma laboral que buscan favorecer la generación de empleo, pero que han generado rechazo por parte del sindicalismo. Entre las medidas se encuentran limitaciones a la huelga en servicios considerados esenciales, que deberán garantizar un porcentaje mínimo de prestación del trabajo normal. Además, se establece una reglamentación más restrictiva para las asambleas de trabajadores que podrían convertirse en medidas de fuerza encubiertas. El decreto también deroga leyes laborales, como la que duplica las indemnizaciones en casos de relaciones laborales no registradas, argumentando que estas medidas no han logrado revertir la informalidad laboral.

Otro cambio que genera controversia es la modificación del artículo 87 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que busca penalizar las asambleas que afecten las actividades normales de la empresa. Además, se proponen modificaciones a diversas leyes laborales con el objetivo de simplificar los procesos de registración, aumentar el período de prueba y permitir que las convenciones colectivas exploren mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador.

En cuanto a la recaudación sindical, el decreto establece que los aportes extraordinarios de los afiliados y no afiliados solo podrán ser realizados si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo. Esto pone en riesgo el recurso de recaudación adicional y obligatorio para los sindicatos, conocido como cuotas solidarias.