El Gobierno de Javier Milei está preparando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluirá una reforma laboral con el objetivo de desregular la economía y generar empleo. Entre los principales puntos de esta reforma se encuentra la reducción de multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado, la creación de un sistema indemnizatorio similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA, la extensión del período de prueba de los trabajadores a 8 meses y la modificación de los intereses por indemnizaciones. Sin embargo, uno de los aspectos más polémicos es la regulación del derecho de huelga y el castigo a los bloqueos sindicales, donde se propone incluir la educación y el transporte como servicios esenciales y permitir el despido por bloqueos sindicales que impidan la entrada de los trabajadores.

A pesar de estas propuestas, la reforma laboral de Milei no contempla modificaciones en la Ley de Asociaciones Sindicales, lo que implica que no se limitará la reelección perpetua de los sindicalistas ni se implementará el voto electrónico en las elecciones gremiales. Estas decisiones generan cierta tranquilidad en el ámbito sindical, pero aún se desconoce si el Gobierno negociará algunas de estas iniciativas para obtener el aval político y sindical. La CGT ha mantenido conversaciones reservadas con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para conocer el contenido de la reforma laboral, lo que sugiere que el sindicalismo podría tener un papel importante en la discusión de estas medidas.