En una reunión en Buenos Aires, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, propuso a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hacerse cargo de la finalización de las obras de un penal federal en la localidad de Coronda y ponerlo en funcionamiento con personal de la provincia. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Seguridad han expresado su opinión de que es poco probable que esto ocurra. Además, Pullaro también propuso que el Comando Conjunto, encargado de coordinar el trabajo de las fuerzas federales y provinciales, recaiga bajo su autoridad, pero desde el Ministerio descartaron esta posibilidad.

Ante la situación de falta de seguridad en Santa Fe, Pullaro tomó medidas drásticas para combatir el narcotráfico. Utilizando los recursos disponibles, decidió trasladar a los narcos y sicarios a los pabellones de máxima seguridad que él mismo había ordenado construir en su etapa como ministro de Seguridad. Sin embargo, esta decisión provocó represalias por parte de estas bandas delictivas, quienes llevaron a cabo balaceras y amenazas contra el gobernador y su familia en lugares como un banco, una escuela y el Hospital de Emergencias de Rosario.

A pesar de las consecuencias, Pullaro no se amilanó y en su primera semana como gobernador dispuso el traslado de los presos alojados en comisarías hacia los centros de detención, además de anular el trabajo administrativo de la policía para enfocar todos los recursos humanos en el control de las calles. Incluso suspendió por 90 días las vacaciones de la fuerza, que serán reprogramadas en un futuro. Estas acciones tuvieron un impacto político significativo, al punto de que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, se vio obligada a acelerar la presentación de un protocolo anti-piquete para no quedarse opacada como referente en materia de seguridad.

En este contexto, uno de los pedidos que Pullaro realizó a Bullrich fue la posibilidad de que el gobierno nacional transfiriera a la provincia el penal federal que está actualmente en construcción en la localidad de Coronda y que se encuentra en su etapa final, con un avance superior al 90%. De esta manera, Santa Fe podría encargarse de la finalización de las obras y asumir la administración del penal, lo que permitiría contar con cerca de tres mil plazas para presos condenados en causas federales, principalmente relacionadas con el narcotráfico. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Seguridad han expresado su escepticismo sobre esta posibilidad

En cuanto a la presencia de agentes federales en Santa Fe, se espera que se refuerce con unos 600 agentes adicionales, que se sumarán a los 3,000 que ya se encuentran cumpliendo funciones en la provincia. La mayoría de estos nuevos agentes se destinarán a la ciudad de Rosario, la cual se encuentra atravesando una guerra entre bandas narco por el control del territorio.

Tanto Bullrich como Pullaro coinciden en la necesidad de que los federales se enfoquen en la persecución del delito complejo y en desbaratar a las bandas que amenazan a la población, dejando la tarea de patrullaje en manos de la policía provincial.