El gobierno italiano anunció el retiro de los planes sociales a quienes se negaron a aceptar trabajos. El famoso «Reddito di cittadinanza» («Ingreso de ciudadanía») que entró en vigencia en 2019 ya no será otorgado a más de 170.000 personas que recibieron la notificación por celular durante el fin de semana.
Este beneficio económico estaba disponible para aquellos que cumplieran requisitos específicos, como tener ingresos familiares bajos, ser ciudadano italiano o tener permiso de residencia, entre otros. Sin embargo, el nuevo gobierno liderado por Giorgia Meloni decidió recortar estos subsidios para incentivar la búsqueda de empleo.
A partir del año próximo, las personas desempleadas podrán anotarse en un registro del gobierno para recibir ofertas laborales. Si rechazan más de una, perderán el beneficio a menos que puedan justificar el motivo. Los que puedan justificarlo seguirán recibiendo un ingreso de 350 euros por un máximo de 12 meses, pero tendrán que participar en proyectos de formación y recibir acompañamiento profesional para encontrar trabajo.
La oposición al gobierno italiano expresó su desacuerdo con esta decisión y Elly Schlein, líder del Partito Democratico, el principal partido de oposición, la calificó de «brutal». Además, las protestas se multiplicaron en varias ciudades del país, como Nápoles y Terrasini, donde un hombre de 60 años ingresó a la alcaldía y amenazó con prender fuego al lugar.