El oficialismo kirchnerista se encuentra en una carrera contrarreloj para nombrar a 75 jueces antes de dejar el gobierno. Para ello, necesitan reunir quórum en el Senado, lo cual no ha sido una tarea fácil.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la jueza Ana María Figueroa, quien cumplirá 75 años el 9 de agosto y cuyo pliego se encuentra entre los que se buscan aprobar. La magistrada es miembro de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, junto a los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, y se encargan de decidir si se reabren o no las causas Hotesur y Memorando de Entendimiento con Irán.
Si bien se especula que la demora en la decisión de Figueroa y otros dos jueces de la Sala I está coordinada con el retaceo de quórum en el Senado, algunos senadores del oficialismo han admitido que están trabajando para garantizar la presencia de legisladores en la sesión. Tanto desde la bancada oficialista Frente Nacional y Popular, presidida por el formoseño José Mayans, como desde Unidad Ciudadana, conducida por Juliana Di Tullio, han admitido que hay movimientos para asegurar la presencia de los senadores.
El apremio para aprobar los pliegos se debe a que, según el inciso 4º del artículo 99 de la Constitución Nacional, el nombramiento de los jueces requiere «una propuesta vinculante en terna del consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública», una vez reconocida su idoneidad.
Se teme que si se demora la decisión, se tendría que reconfigurar la composición de la Sala I y se reabrirían investigaciones contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. De hecho, una interpretación perturbadora sugiere que los tres integrantes del tribunal tienen listo su fallo pero la demora estaría coordinada con el retaceo del quórum en la cámara alta. Según una alta fuente del máximo tribunal penal del país, «los votos están circulando».