El Estado argentino se encuentra en medio de un juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF durante el tercer gobierno kirchnerista en 2012. En este contexto, el país presentó ante la Justicia su disposición a pagar USD 4.920 millones, aunque el reclamo total asciende a 16.000 millones. La empresa que se beneficia de este juicio es Burford Capital, especializada en comprar juicios, y que se quedó con los derechos a litigar en la causa de la petrolera.
La jueza Loretta Preska analizará los escritos que presenten las partes para determinar el monto final que deberá pagar Argentina por la expropiación de YPF, que puede variar entre los USD 4.920 millones que está dispuesto a pagar el Estado y los USD 16.000 millones que exigen los demandantes. Los representantes de Argentina remarcaron que los daños deben basarse en el cálculo corregido del precio de la oferta pública del 7 de mayo de 2012 sin intereses previos al fallo, por lo que no deberían otorgarse intereses previos al fallo.
El juicio comenzó durante el gobierno de Cristina Kirchner y continuó en la administración de Mauricio Macri, y ahora se está definiendo durante la gestión de Alberto Fernández. Burford Capital ha sido comparada con un «fondo buitre» por comprar el derecho a litigar contra YPF y el Estado argentino a dos ex accionistas privados de la petrolera que argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no solo «arreglar» con el socio mayoritario cuando fue la expropiación, la española Repsol. Se espera que las audiencias se prolonguen hasta el viernes, aunque no hay fecha cierta para que se conozca el fallo.
