La demanda en el Poder Judicial fue interpuesta por Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que patrocina a las comunidades y pueblos indígenas, al denunciar que «hay una vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada y a los derechos humanos».
Pidieron, además, al máximo tribunal jujeño que ordene la realización de un nuevo proceso de reforma que cumpla con los estándares vigentes en la materia.
«Solicitamos suspender la aplicación de todo el texto aprobado por la reforma parcial realizada, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y se garanticen los derechos vulnerados a las comunidades», señalaron en una conferencia de prensa.
En ese marco, el cacique del Pueblo Ocloya de Jujuy, Néstor Jeréz, hizo hincapié en la defensa de las garantías de los derechos constitucionales y tratados internacionales de acceso a la información, la participación y al diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas.
«Rechazamos una reforma inconstitucional, inconsulta, de saqueo, de reducción de derechos de los trabajadores jujeños y abuso de poder del Estado», expresó y añadió: «está hecho a medida del poder económico concentrado y de las multinacionales».
La reforma fue aprobada por la constituyente formada para el tratamiento de la misma y estaba integrada por representantes de todos los sectores políticos.
