El gobierno de Perú ha prohibido la entrada a Juan Grabois y a otros 14 activistas, argumentando que su presencia podría alterar el orden interno, la seguridad nacional y el orden público del país. El grupo, que incluye a dos diputados argentinos, visitó Perú en febrero del 2023 en una misión de solidaridad internacional y derechos humanos, durante un período de conflictos y movilizaciones sociales en el país.
Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, los activistas infringieron la normativa migratoria peruana y participaron en acciones de protesta, además de reunirse con dirigentes sociales y prestar declaraciones que dividen a la población peruana. El gobierno también ha acusado al grupo de injerencia en la política interna del país y de aprovechar el momento de convulsión política para dinamitar la democracia peruana.
La medida adoptada ha sido solicitada por la legisladora Patricia Chirinos de la bancada de Avanza País, quien ha manifestado que el grupo de activistas buscaba hacerle el juego a la izquierda radical y la caviarada, y que no son verdaderos defensores de los derechos humanos.
La decisión del gobierno peruano de prohibir la entrada a Juan Grabois y a otros activistas ha generado controversia y ha sido criticada por algunos sectores. Algunos argumentan que se trata de una medida arbitraria y contraria a los derechos humanos, mientras que otros creen que el gobierno peruano tiene el derecho de proteger la seguridad nacional y el orden público.
En cualquier caso, esta medida resalta la importancia del respeto a la normativa migratoria y de los límites que deben respetar los activistas internacionales cuando se involucran en asuntos políticos de otros países.