La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la funcionaria rusa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, en relación con un presunto plan para deportar a miles de niños ucranianos a Rusia. La CPI emitió una orden de arresto contra Putin por «el crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa», según un comunicado de prensa. La orden de detención se relaciona con supuestos crímenes cometidos en el territorio ocupado de Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.
La CPI también afirmó que hay motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes, ya sea por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros, o por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos. Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente Ruso, también enfrenta una orden de arresto por el mismo presunto delito. La CPI afirmó que ambos individuos son «presuntamente responsables del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños)» de las partes ocupadas de Ucrania.
La orden de detención también es significativa porque se trata de la primera vez que se emite una orden de detención contra un jefe de Estado en ejercicio en la CPI.