El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ha recibido una condena de 36 meses de prisión preventiva por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en respuesta a una petición del Ministerio Público del país. Castillo está siendo investigado por cargos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión. Durante la audiencia, el juez consideró razonable la petición de prisión preventiva debido a la complejidad del caso y a que se cumple con los requisitos legales de una probable pena mayor a 4 años, peligro de fuga y obstaculización de la justicia.
Cabe destacar que, aunque Castillo ya se encontraba detenido con una medida de prisión preventiva de 18 meses, el juez argumentó que era necesario dictar una nueva medida para asegurar la presencia del imputado en el proceso penal. La defensa del expresidente apeló a la decisión, y durante las audiencias previas, tanto el abogado de Castillo como el propio exmandatario ejercieron su defensa. Castillo negó rotundamente ser parte de una red criminal y aseguró que su única falta había sido servir a su país como presidente.
Es importante mencionar que este caso se enmarca en un contexto político convulso en Perú, donde el expresidente Castillo había intentado disolver el Congreso y perdió el respaldo de las fuerzas armadas. Además, la prisión preventiva dictada se suma a una medida anterior de 18 meses, lo que significa que el exmandatario podría permanecer en prisión por un total de 54 meses. Esta situación ha generado diversas opiniones en la sociedad peruana, algunos a favor de la decisión del juez y otros en contra, al considerar que la prisión preventiva podría ser excesiva.