El parlamento peruano tuvo una sesión especial en la que se formalizó la asunción de la dirigente como la Jefa de Estado. Horas antes, Pedro Castillo había disuelto el cuerpo y ahora se encuentra detenido.
Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la nueva presidenta de Perú, la primera mujer en ocupar el cargo, después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo, que horas antes había anunciado la disolución del órgano legislativo, en una medida calificada como «golpe de Estado» por diversos sectores del país.
«Como todos conocen, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle», dijo Boluarte, que ocupaba la vicepresidencia del país desde julio de 2021, al hablar ante el Congreso durante su juramentación.
La abogada, de 60 años, pidió en su discurso una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional, con un «gabinete de todas las sangres».
Poco después ingresó al Palacio del Gobierno, de donde salió más temprano Castillo, que se encontraba por la tarde en la Prefectura de Lima.
Castillo fue arrestado por «el presunto delito de rebelión» y por «quebrantar el orden constitucional», en un operativo dirigido por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó el Ministerio Público en un comunicado publicado en su sitio web.
«Hay una comisión de un hecho en flagrancia y está en calidad de detenido», confirmó paralelamente la coordinadora del equipo especial de fiscales anticorrupción, Marita Barreto, horas después de que numerosos medios locales anticiparan la situación del expresidente sin citar fuentes oficiales.
De acuerdo con esos medios, Castillo estaba acompañado y era asesorado legalmente por Aníbal Torres, su hasta hace poco jefe de gabinete.
El Congreso de Perú, dominado por la derecha y enfrentado con el mandatario de izquierda desde su asunción, adelantó este miércoles unas horas la sesión donde tenía previsto tratar la tercera moción de vacancia (destitución) contra Castillo desde que asumió, por «incapacidad moral permanente» derivada de supuestos hechos de corrupción, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.
Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.
La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un «golpe de Estado» por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresiente Alberto Fujimori en 1992.
Por su parte, el procurador general del Estado, Daniel Soria, anunció que interpondrá una denuncia penal contra Castillo, al que acusa de «violar flagrantemente la Constitución».
Alonso Cárdenas, uno de los principales politólogos del país, dijo a Télam que «no hay ninguna figura legal que ampare lo que hizo el presidente. La Constitución es clara en que para disolver el Congreso se necesitan dos negativas a mociones de confianza, como hizo Martín Vizcarra, que en este caso no se da».