El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hizo este miércoles un balance del desalojo en Villa Mascardi con los jefes de las cuatro fuerzas federales en una jornada en la que hubo críticas de organismos de DDHH, desde donde cuestionaron a la jueza federal interviniente y exigieron que el Ejecutivo reabra una mesa del diálogo con la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu.
Fernández mantuvo un encuentro en la sede del Ministerio con los responsables de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las fuerzas que integran el comando unificado de Villa Mascardi asentado en Bariloche que desplegó 250 efectivos en las inmediaciones de la ruta nacional 40 para desalojar predios donde se habían asentado familias mapuches.
El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de la orden judicial de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien dispuso «hacer cesar el delito» en los nueve lotes denunciados como usurpados por la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, para lo cual decretó el secreto de sumario, en un caso en el que además interviene la fiscal Cándida Etchepare.
Siete mujeres de la comunidad fueron detenidas durante el procedimiento y llevadas a una dependencia de la PSA mientras este miércoles continuaron los rastrillajes en búsqueda de otros integrantes de Lof, quienes podrían haberse replegado «montaña arriba», según la evaluación de los oficiales a cargo del operativo; entretanto, personal de Gendarmería permanece en los lugares desalojados para evitar un posible reingreso de personas.
«El resultado ha sido positivo porque nuestra intención siempre fue poder entrar con el cuidado del caso, sin armas letales», remarcó Fernández en diálogo con la TV Pública.