La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó con prisión preventiva a Nicolás Gabriel Carrizo y a Agustina Díaz como partícipes secundarios del intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado el 1 de septiembre pasado, informaron fuentes judiciales.

La magistrada valoró en su resolución que ambos procesados tenían en sus teléfonos celulares -a través de sus sistemas de Whatsapp- información sensible vinculada con el ataque fallido contra la expresidenta, según surge del fallo judicial al que tuvo acceso Télam.

Quiénes son y cuáles fueron sus roles

Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Díaz, en tanto, es una amiga Uliarte que después del ataque fallido le sugirió que borrara toda la información de su celular y que desde antes sabía que ella había adquirido una pistola.

En su resolución, la jueza Capuchetti consideró que «los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz».

La jueza sindicó a Carrizo y Díaz como partícipes secundarios penalmente responsables del delito de «homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa» y mandó a trabarles embargos por 100 millones de pesos a cada uno, según surge del fallo de casi 130 páginas al que accedió Télam.

«Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien»
Carrizo

En ese sentido, señaló que «quedó acreditado por los mensajes enviados en la previa del hecho, y con posterioridad al mismo que, Carrizo y Díaz planificaron el evento criminoso y sus participaciones serán secundarias ya que, de no haber efectuado sus contribuciones, el delito igualmente podría haberse configurado de la manera en que se hizo y conforme la concreción del plan criminal acordado».