El dirigente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro; la diputada porteña Marina Kienast; y los abogados José Lucas Magioncalda y José Martín Fazio, del Equipo Legal del Partido; denunciaron penalmente al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Economía, Sergio Massa, por “utilizar la comunicación oficial para presionar al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público Fiscal, con clara intención de favorecer, en un proceso, a la vicepresidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.
En la presentación, los firmantes señalaron que “si el titular del Poder Ejecutivo Nacional tiene vedada su intromisión en la causa ‘Vialidad’, la misma prohibición rige respecto de los titulares de los Ministerios y, por tanto, debiera investigarse la conducta descrita respecto de Sergio Massa”.
Asimismo, en el texto explicaron que “dentro de los principios, declaraciones y garantías que emanan de la Constitución Nacional, se encuentra la división de poderes, encontrándose expresamente prohibido que el Poder Ejecutivo se arrogue ‘el conocimiento de causas pendientes’ (art. 109, CN)”.
Y, en ese sentido, resaltaron que “los dichos de Alberto Fernández y el comunicado que él mismo exhibe” en su perfil “de la red social Twitter, ‘condena’ la tarea de la Justicia y del Ministerio Público, en la causa ‘Vialidad’, calificándola como ‘persecución’, y aplica una visión conspirativa sobre el desarrollo del mencionado proceso”. Por ello, el mandatario “podría encontrarse incurso en las previsiones de los arts. 248 del Código Penal”.
Al respecto, Santoro refirió que “enfrentaremos en la Justicia a quienes intentan manipular la división de poderes. Cristina es la jefa de una asociación ilícita que, con total desprecio por la ciudadanía, se dedicó a robarle a todos los argentinos, le hizo fraude al estado y debe ser condenada. El imperio de la ley nos da orden y prosperidad”.
Por su parte, la legisladora porteña sostuvo: “La injerencia de Fernández y Massa en el curso de la causa ‘Vialidad’ atenta contra el principio de división de poderes de nuestra República. Pese a los numerosos intentos de CFK de imponerse sobre la Justicia, esta puede actuar con independencia en contra de la corrupción”.
“Los dichos del funcionario contrarían las normas de la ley fundamental, en sus arts. 1, 103 y 109, contrariando el principio republicano de gobierno, el deber de no proceder en exceso de sus facultades, expresamente establecidas en la carta magna, y el de no entrometerse en la esfera del Poder Judicial”, culmina el escrito.