El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, busca definir cuanto antes la implementación de un sistema de reconocimiento de rostros que permita identificar delincuentes con pedidos de captura o requeridos por la justicia.

El sistema sería el mismo implementado exitosamente en CABA y que inclusive fue bien ponderado por uno de los concejales que hoy se oponen a su implementación.

Hace algunos meses, el concejal Alejandro Carrancio participó de una reunión de concejales bonaerenses con Diego Santilli para interiorizarse sobre el sistema de seguridad porteño que le ha valido menciones y reconocimientos a nivel internacional. El sueño de los visitantes era replicar en sus ciudades el sistema que Santilli llevaba adelante para la ciudad de Buenos Aires, al frente de Horacio Rodríguez Larreta.

Con una emergencia en seguridad vigente, Montenegro buscó acelerar la implementación y así sumar medidas para dar cumplimiento a su promesa de campaña de lograr una ciudad más segura para los vecinos. Pero desde la oposición cuestionaron dos aspectos.
La principal queja para impedir el avance del proyecto fue que la contratación sería directa y no a través de un llamado a licitación.
Por otro lado, el concepto que tanto en el Frente de Todos como del concejal Carrancio (ahora en el espacio de Javier Milei) preocupa y mucho: el derecho a la intimidad de los delincuentes.
Aparentemente para el kirchnerismo y el libertario, todo delincuente tiene derecho a seguir prófugo o por lo menos no ser detectado a propósito. Eso violaría algunos de sus derechos fundamentales.

Ante las dudas de la oposición, desde el ejecutivo aclararon que la idea era contratar de manera directa un sistema ya probado con excelentes resultados para no demorar la lucha contra el delito y hacerlo de esa manera porque así lo habilita la emergencia en seguridad. Ahora, no sólo desde el ejecutivo se muestran abiertos a licitar, sino incluso propusieron otras formas de control y seguimiento en los que podrían sumarse referentes de distintas áreas y partidos políticos.

Con ese cambio, Montenegro demostró que no hay problema en licitar y poner sobre la mesa lo que sea necesario si es que desde la oposición no se entiende la inseguridad como un tema urgente. Los concejales del Frente de Todos, que responden a la titular de ANSES, Fernanda Raverta y el concejal Carrancio quedaron expuestos.

Reclaman tomarse más tiempo para analizar el proyecto, opciones y métodos aunque ello signifique una demora sustancial en la implementación de medidas de seguridad, pero al recibir una respuesta afirmativa del intendente para que no tengan dudas, ahora reclaman por el derecho a la intimidad.

Evidentemente no se trataba de dudas sobre la eficacia del sistema, ni de los prestadores ni de los costos. El tema de fondo sería impedir el avance de la herramienta o defender a los delincuentes. Tal vez ambas cosas.

Una de las cuestiones que reclama la oposición es que se investiga en CABA el uso indebido de la base de datos (está siendo investigado por la justicia). Los datos del sistema de reconocimiento de rostros puede ser utilizado indebidamente de igual manera que los datos que maneja PAMI, ANSES, IOMA, las tarjetas de crédito, el sistema Android, Google, Apple y de muchísimas empresas más.

No permitir el uso de un sistema de reconocimiento de rostro para detectar delincuentes porque tal vez en otro lugar fue mal utilizado es como no permitir a la policía utilizar armas porque algún miembro de la fuerza la utilizó indebidamente. No puede dudarse del uso de los datos de un sistema por un caso en estudio cuando como ciudadanos estamos expuestos al uso de información personal por parte de organismos del Estado Nacional, Provincial, Municipal y privado.

Impedir medidas de seguridad en plena emergencia es una actitud política repudiable. Defender los intereses de los delincuentes preservando su “derecho a la intimidad” por sobre la seguridad de los vecinos, también.

La desesperación por el 2023 pone a los concejales de la oposición en una situación en la que tal vez para bien, queden expuestos ante los vecinos que reclaman mayor seguridad.