El diputado de Avanza Libertad, Guillermo Castello, presentó un proyecto prohibiendo el lenguaje inclusivo en el Estado y en el sistema educativo de la provincia. El objetivo del proyecto es «utilizar el idioma español conforme a las normas de la Real Academia en toda actuación administrativa, judicial, de los organismos públicos y en toda publicación o publicidad oficial».
«Junto a Matias Ranzini presentamos hoy un proyecto prohibiendo el lenguaje inclusivo en el Estado y en el sistema educativo de la provincia. El lenguaje oficial debe facilitar la publicidad de los actos de gobierno y el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura» afirmó Castello.
Castello señaló que «esta es una posición ideológica, socio-política, que quiere imponer una minoría a una mayoría de argentinos y eso no lo vemos bien».
«Nosotros no restringimos la libertad de la gente, no sería coherente que un libertario haga eso. Lo que decimos es que el Estado no puede imponer un lenguaje que no es el oficial. Este año la ministra (Carla) Vizzotti emitió una resolución que obliga a utilizar el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales y eso no puede ser», afirmó.
El diputado elevó «un pedido de informes al Poder Ejecutivo por los cerca de 350 establecimientos educativos cerrados en la Provincia por falta de obras importantes».
«El Gobierno provincial, que le hizo perder a los chicos dos años de clases, no aprovechó ese tiempo para hacer las obras, sobre todo de gas. Los chicos no pueden ir a la escuela porque se mueren de frío», agregó.
«Si Kicillof quiere ser inclusivo por qué no puso estufas o gas en las escuelas; eso es inclusivo y no estar hablando como un papanatas con la ‘e’ o el arroba. Vemos un desorden de prioridades, tanto a nivel provincial como nacional, muy grave», finalizó.
Desde varias cuentas anónima de twitter cuestionaron la iniciativa: «Y la libertad dónde quedó? El idioma sucede. Es como el amor», decía un mensaje a lo que el diputado respondió: «El idioma que «sucede» no es el inclusivo, el que es impuesto por la fuerza a través de las estructuras estatales que pagamos todos».