La militante política y delegada sindical Ana María Martínez fue secuestrada y asesinada por un grupo de tareas de la dictadura cívico militar en febrero de 1982, dos meses antes de la Guerra de Malvinas, por lo que es considerada una de las últimas víctimas del Terrorismo de Estado, y a 40 años de su muerte una comisión de familiares y amigos reclama que se investigue el rol que pudo haber tenido en ese hecho el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.
El funcionario judicial integraba por entonces la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) con el rol de oficial subinspector y su nombre figura en documentos del organismo que hoy son administrados por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).
Según pudo establecer el personal de CPM, en esos materiales se consigna que el actual fiscal general de Mar del Plata había realizado tareas de espionaje político e infiltración en agrupaciones sindicales y organismos de derechos humanos entre 1981 y 1982.
Al momento de su secuestro, Ana María Martínez tenía 31 años y trabajaba en la fábrica de autopartes DEA ubicada en el partido de Vicente López; estaba embarazada de tres meses y formaba parte del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).
El 4 de febrero de 1982, Ana María, marplatense de nacimiento, fue raptada en horas de la noche en la localidad de Villa de Mayo, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires, luego de salir de su casa para hacer una compra.
La abordó por la calle un hombre corpulento y rubio que la subió a un Ford Falcon, según relataron vecinos que presenciaron el hecho.
Siete días después, el 11 de febrero, el cuerpo de la militante fue encontrado semienterrado por unos niños que jugaban cerca del canal Villanueva, en el Dique Luján, partido de Escobar.
Con el patrocinio del abogado Pablo Llonto, la «comisión Ana María Martínez» pudo establecer que en los archivos de la Dippba había informaciones sobre seguimientos de inteligencia a Ana María Martínez y a otros militantes del PST.
Tras un largo recorrido judicial, los represores Jorge Norberto Apa, Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, y Guillermo Raúl Pascual Muñoz, jefe del Departamento Personal (G-1) del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares que operaban en Campo de Mayo, fueron condenados a prisión perpetua en diciembre de 2018 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín.
En ese fallo, que aún no está firme, los magistrados dejaron abierto el camino para que se investigara la participación en el secuestro de militantes que tuvieron los agentes de la Dippba, entre ellos Fernández Garello, quien a principios de los años ’80 revistaba en la delegación San Martín de esa estructura.
Carmen, impulsora histórica de esta causa, murió el año pasado, pero sus compañeros continúan con el reclamo de Justicia para que se avance sobre los agentes de la dependencia policial bonaerense, disuelta en 1998.
«Fue una gran luchadora y comenzó este camino que nosotros tratamos de seguir. Queremos que se avance sobre la Dippba y se esclarezca la función que tuvo Fernández Garello», señaló a Télam Alfredo Caceres, de profesión docente, y también integrante de la Comisión Ana María Martínez.
Fuente: Télam